La periodista y crítica de arte Raquel Tibol envió un breve texto al “Correo Ilustrado” de La Jornada, publicado este 5 de diciembre, con una frase contundente: “Si el nuevo gobierno de la República no se apresura en hacer la parte que le corresponde para esclarecer las criminales acciones vandálicas, perfectamente programadas, del 1 de diciembre contra la Ciudad de México, habrá que denominarlas como Atenco II”.

Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, advirtió que los informes, testimonios y videos de este organismo revelan que durante los desmanes ocurridos el pasado 1 de diciembre policías sin uniforme hicieron arrestos irregulares contra personas que no fueron los causantes de los destrozos, según reportó Sin Embargo MX.

La ola de críticas, videos y testimonios circulan en redes sociales por las detenciones arbitrarias. En menos de dos días esta movilización deliberativa se transformó en la otra cara de la moneda: mientras los medios masivos de comunicación reiteraron a través de imágenes seleccionadas una narrativa en contra de “pandilleros”, “vándalos” que “merecen un castigo ejemplar” (ver el análisis de @mediosyciudadanos) en Twitter se generó el hashtag #TodosSomosPresos que lleva dos días en la lista de Trending Topic.

Más de 10 organizaciones sindicales y artísticas del INAH, del INBA, de la ENAH y de facultades de la UNAM, así como representantes del movimiento #YoSoy132 están pidiendo la liberación de la mayoría de las 11 mujeres y 58 varones detenidos por elementos de la policía capitalina y arraigados por la procuraduría capitalina.

A la lista de arbitrariedades cometidas en la detención se han sumado las organizaciones Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras y otros colectivos que han expresado “profundas dudas” acerca de las supuestas evidencias presentadas en contra de la mayoría de los 69 detenidos. En algunos casos, se habla ya de tortura o de testimonios extraídos con presiones para inculparse de los actos vandálicos.

Si la típica regla de construir “chivos expiatorios” para justificar el exceso de brutalidad policiaca se impone estaremos ante un escenario muy similar al de la represión en Atenco, con el que se inauguró el gobierno de Peña Nieto hace siete años en el Estado de México.

El propio Peña Nieto generó animadversión entre los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, aquel “viernes negro” del 11 de mayo de 2012, cuando pretendió justificar los excesos policiacos de Atenco como “legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública para restablecer el orden y la paz”.

La diferencia radica en que los excesos ocurridos el 1 de diciembre tuvieron como escenario la Ciudad de México, un territorio que desde hace más de 15 años no gobierna el PRI, que tiene una sociedad civil activa y que no se quedará callada frente a la serie de atropellos cometidos a nombre de la lucha contra “los vándalos”.

En esta especie de Atenco II también estaríamos en presencia de grupos de choque que se hacen pasar por colectivos o grupos de “anarquistas” (invariablemente al movimiento anarquista se le criminaliza en todos los movimientos de protesta social urbana) y que justificarían las restricciones a derechos elementales como el de la protesta o la libertad de expresión.

Las especulaciones van desde que se podría tratar de elementos integrantes de la Policía Federal (aún al mando del inefable Genaro García Luna) hasta porros o grupos violentos armados desde algunas cañerías del poder político, cuyos artífices no dan la cara.

Sería muy sano que la procuraduría capitalina diera a conocer las evidencias que tiene sobre el supuesto pago de 300 pesos a porros que armaron los desmanes y nos aclarara si los 69 detenidos cometieron los delitos de “alteración a la paz”, equiparable a terrorismo.
Si no se presentan tales evidencias estamos en presencia de detenciones arbitrarias como han afirmado los amigos y familiares de varios de los detenidos como son los casos de:

– Rafael Adrián Romero Escalante (estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM), al igual que Daniel Sánchez Esquivel, detenidos de manera arbitraria.

– Eduardo Miranda Rochín de la UAM e hijo de Eduardo Miranda Esquivel, vocero de la Unión de Juristas de México que desde el 4 de diciembre emitió un duro comunicado condenando “la brutalidad policiaca” y “la detención arbitraria ejercida para reprimir la manifestación”.

– Ioan Mircea Topoleanu, fotógrafo free lance, de origen rumano, consignado al Reclusorio Norte, sin recibir asistencia consular.

– Claudia Trejo, maestra en Ingeniería, integrante del movimiento Bicitekas, detenida en Filomeno Mata y Tacuba, según sus familiares, pero consignada por presuntamente organizar disturbios en otra zona.

– Otra lista de detenidos que, al parecer, se les acusa de organizar actos de destrozos en una zona distinta a la que se encontraban son Mónica Paloma Alvarado, Daniela Sánchez Ríos, Valentina Guerrero, Fernanda Preciado Castillo y su madre Guadalupe Castillo Martínez (ella fue liberada el lunes 3 de diciembre), Gisella Moreno Mejía, Enrique Culebro, Francisco Torres Pacheco, Luis Manuel Salazar, Marina Muñiz Nieto, Gustavo Arteaga.

Por estas detenciones irregulares se han movilizado distintos colectivos bajo el hashtag #TodosSomosPresos. Y quizá este lema se convierta, como en el caso del #YoSoy132, en una consigna que bien puede marcar un alto a la pretensión de una implantación autoritaria en la Ciudad de México.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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